* Salvador Rangel, responsable de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, dijo que los problemas en ese pueblo, donde niños y mujeres han aparecido en videos como policías comunitarios, “no es cuestión de grupos delictivos”
* Explicó que “ahí también hay un movimiento social”, pero “no lo voy a poder decir ahorita” porque “lleva cola todo eso”
Alondra García
El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, aseguró que en Rincón de Chautla, donde “las aguas están muy revolcadas”, el conflicto no es entre grupos delictivos, sino “un pleito de tierras” que tiene muchos años.
También advirtió que Guerrero “está en manos de narcotraficantes y guardias comunitarias”, por lo que es necesario “negociar hasta con el Diablo” para pacificar el estado.
El prelado acudió este domingo a la parroquia de La Villita, en la colonia Guerrero, donde anunció la remodelación de la fachada de la iglesia.
En entrevista, se le cuestionó sobre la situación que prevalece en la comunidad de Rincón de Chautla, Chilapa, donde niños y mujeres anunciaron su incorporación a la Policía Comunitaria para combatir de manera frontal al crimen organizado.
“En Rincón de Chautla las aguas están muy revolcadas”, aseveró.
De acuerdo con el obispo, el fondo del problema es “un pleito de tierras”.
“Yo creo que el problema, hasta donde tengo entendido, no es cuestión de grupos delictivos, es cuestión de tierras. Ahí lo que están peleando son los límites, son las tierras”, aseveró.
El obispo consideró que los pobladores están aprovechando el conflicto para que las autoridades atiendan sus necesidades y carencias básicas.
“Se están mezclando otras cosas (….). También hay un rezago social en toda esta zona y algunos, para mí, quieren sacar ventaja. Dicen por ahí: a río revuelto, ganancia de pescadores”, expuso.
Prueba de ello, señaló, es que los habitantes de Rincón de Chautla llamaron la atención estatal y nacional a partir de la difusión de dos vídeos en los que niños y mujeres anuncian su incorporación a la Policía Comunitaria.
“Ahí también hay un movimiento social. No lo voy a poder decir ahorita, pero lleva cola todo eso. Valdría la pena que nos apegáramos a lo que es verdad”, anotó Rangel Mendoza.
Se le preguntó en qué fundamentaba sus aseveraciones respecto al origen del conflicto. El obispo reveló que tuvo una intervención en el mes de enero, tras la masacre de 12 personas en Rincón de Chautla.
“A mí me pidieron desde los gobiernos estatal y federal que pudiera intervenir un poco para que no se hiciera una masacre. En aquel tiempo se paró, no hubo una respuesta (a las 12 ejecuciones), pero ya con el tiempo se descubrieron las cosas y hubo una respuesta posterior. Pero yo pienso que vale la pena que se sepa la verdad de lo que está pasando y quién está atrás de todo esto. Yo estoy hablando, pero son cosas que no se pueden revelar. Yo tuve que intervenir para evitar la masacre de Rincón de Chautla contra el otro grupo (…). A mí me tocó casi enterrar a los muertos de Quechultenango”, contó.
Reconoció que tras la difusión de los vídeos, el gobierno del estado y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) acudieron a la comunidad para atender las necesidades básicas de los habitantes de Rincón de Chautla.
Pero insistió que en esa comunidad el problema “no es tanto de derechos humanos”, sino que se trata de “intereses de algunos grupos (…), ahí lo que están es peleando la tierra”.
El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa confió en que las autoridades puedan “sabiamente darle a cada quien lo que le pertenece” para terminar con ese conflicto agrario.
Pues apuntó que “ese no es un problema de ahora ni del año pasado, tienen años peleando la tierra de unos para con otros”.
Sin embargo, consideró que la atención que está recibiendo Rincón de Chautla es tardía y responde únicamente a la difusión de los vídeos en los que aparecen los niños y mujeres autodefensas.
Aseveró que dichos videos “son una vergüenza nacional y es cuando las autoridades quieren apagar el fuego”.
Guerrero, en manos del narco
Para el obispo Rangel Mendoza este conflicto, al igual que otros en el estado, escaló por la falta de autoridad.
“Yo siempre he dicho que la autoridad poco a poco ha ido perdiendo vigencia en las comunidades. Guerrero está en manos de narcotraficantes y de las famosas guardias comunitarias. El detalle ahí es el vacío de la autoridad, la ausencia de la autoridad”, expuso.
Aseveró que ni el gobierno federal ni los ayuntamientos tienen capacidad para actuar, por lo que el gobierno del estado debe hacer frente a estos conflictos sociales.
Argumentó que por un lado, los alcaldes están comprometidos con “movimientos sociales” y por el otro, el gobierno federal no conoce Guerrero ni el pensamiento de los guerrerenses.
Por ello, sostuvo que “quien debe actuar es la autoridad estatal para poner orden, para poner la medicina que se necesita en esos lugares”.
Sin embargo, reconoció que habría “un costo político muy alto” para el gobernador Héctor Astudillo Flores.
“Guerrero ya tiene por lo menos dos antecedentes en los que tuvo que salir el gobernador: el de Aguas Blancas y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Aquí a lo que le tienen miedo es a que haya una masacre. El costo político sería alto (…), pero vale la pena correr ese costo político”, apuntó el prelado.
“Dialogar con el diablo”
El prelado reconoció que debido a su labor pastoral tiene contacto con los grupos del crimen organizado, pero aclaró que el diálogo es “para pedirles que haya paz, que haya tranquilidad, que no haya más asesinatos”.
“Esa ha sido mi labor y siempre lo he dicho, yo no voy a buscar ni beneficios personales ni políticos. Mi labor es eminentemente pastoral, para que haya paz y tranquilidad en todo el territorio”, añadió.
Dijo que “hay que hablar con los líderes del narcotráfico, siempre. El diálogo ha sido un instrumento de oro y vale la pena dialogar aunque sea con el diablo para que en Guerrero y en México vivamos en paz, tengamos un futuro para ir adelante”.
También se le preguntó su opinión respecto a la posibilidad de otorgar amnistía a los criminales.
“Yo siempre he hablado de una amnistía restringida. La persona que para vivir siembra la amapola, se entiende que es un delito. Hay que darle la amnistía a esas personas, no a los grandes capos que han hecho tantas maldades”, expuso Rangel Mendoza.
Sobre la posibilidad de legalizar los enervantes, dijo que si se demuestra científicamente que a partir de la amapola guerrerense puede producirse heroína para curar el dolor, él “estaría de acuerdo en que se industrialice”.
En cuanto a la marihuana, dijo que está a favor de su uso medicinal, pero en contra de que se legalice para fines recreativos.
Señaló que en los países de Europa en los que el consumo de marihuana es legal, los jóvenes “están bien alimentados, bien educados” y por ello dan buen uso a esa droga. Mientras que en México “tenemos a la gente muy limitada en todo sentido”.