*El gobierno de Marco Leyva les daba agua en pipas, pagadas por el Ayuntamiento, pero el nuevo gobierno les canceló ese convenio y desde hace 3 meses no tienen el vital líquido en sus casas, denuncian
Jesús Saavedra
Unas 800 familias que habitan en el fraccionamiento Jardines de Zinnia de esta capital, interpusieron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside Luis Raúl González Pérez, para que intervenga ante las autoridades del municipio de Chilpancingo que encabeza Antonio Gaspar Beltrán, a quien acusaron de no otorgarles el servicio de agua desde hace tres meses.
Los vecinos de este fraccionamiento ubicado al noroeste de la capital, denunciaron en el escrito que Gaspar Beltrán desconoció el acuerdo que firmaron con el anterior alcalde, Marco Antonio Leyva Mena —quien promovió la construcción de ese fraccionamiento—, que consistía en otorgarles el servicio de agua a través de pipas debido a la falta de infraestructura hidráulica para abastecerlos.
Los habitantes de ese fraccionamiento afirman que el desarrollo inmobiliario crecerá en al menos un cien por ciento y las autoridades municipales no han cumplido con la parte de otorgar los servicios básicos necesarios que se citan en el convenio de colaboración con la inmobiliaria.
Indicaron que en la pasada administración municipal no se pudo concretar la introducción del servicio de agua entubada al fraccionamiento, pero “echó a andar un programa de abasto mediante pipas subsidiadas por el Ayuntamiento, de tal manera que las familias tuvieran acceso al vital líquido”.
En el escrito, los colonos, que en su mayoría son trabajadores del Ayuntamiento, de las secretarías de Salud y de Educación y de otras dependencias de gobierno, aseguraron que ese programa fue desconocido y cancelado por la administración de Antonio Gaspar.
Informaron que desde hace tres meses no cuentan con agua, ni tampoco alguna alternativa de solución a mediano y largo plazo por parte de las nuevas autoridades municipales, “así como tampoco se han implementado políticas públicas que ayuden a paliar el problema de manera temporal, a pesar de que los habitantes hemos hecho propuestas de solución de manera empática y entienden la problemática que tiene el organismos operador del agua en el municipio”.
Los colonos señalaron además que de acuerdo a los artículos 1 y 4 de la Constitución, las autoridades deberán garantizar el agua para el consumo personal y doméstico, suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Por lo anterior, consideran que existe una violación a sus derechos humanos y piden la intervención de la CNDH para que sea mediador ante los tres niveles de gobierno.