Isidro Bautista
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración pública que levantó más polvo, a propósito de algunos señalamientos que en su contra hicieron algunos medios de comunicación que él llama prensa fifí, y ciertos personajes de la vida política, social y económica que él clasifica como los conservadores, y que engloba en una frase que usa todos los días para referirse a sus críticos: nuestros (¡cómo les gusta a los políticos hablar de sí mismos en plural y en tercera persona!) adversarios; porque su gobierno no quiere aplicar la ley contra quienes la transgreden, como es el caso de la CNTE, que lo mismo toma el palacio legislativo de San Lázaro que las casetas de cobro de las autopistas de cuota como la México-Acapulco.
“Nosotros —dijo, otra vez en plural— no vamos a reprimir. No somos represores”. Aplicar la ley no es reprimir.
Sobre este tema, cada persona tiene su opinión. Y tiene derecho a tener su propio punto de vista. Pero lo que no se puede aceptar es que la ley se aplique caprichosamente, al gusto o al interés de cada persona o de equis o zeta grupo social.
La ley es la ley, así sea dura. Y su aplicación y acatamiento debe ser obligación de todos. Si una ley, o un conjunto de éstas, entran en la categoría de injusta, entonces es válido proceder a abrogarla, total o parcialmente, o modificarla, pero no aplicarla, o dejarla de aplicar, al contentillo de nadie.
El poder que se encarga de eso es el Legislativo. En la división de poderes que caracteriza a todos los países democráticos en el mundo de hoy, los legisladores son los responsables de construir el edificio de las leyes, la arquitectura jurídica. Los jueces tienen la responsabilidad de aplicarlas y darle la razón legal a quien la tenga, en la irrenunciable tarea de impartir la ley y hacer justicia. El Poder Ejecutivo debe administrar el gobierno o la función pública y vigilar que las leyes y las sentencias jurisdiccionales se acaten, y castigar a quienes, por las razones que fueren, no lo hagan.
Este brevísimo resumen sobre la división de poderes y las obligaciones y responsabilidades de los órganos de gobierno, lleva a otra frase, también muy usada por López Obrador: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie… Aunque a veces se pierde el sentido y el espíritu de esa máxima.
Todo esto viene a colación porque la tarde del martes pasado sucedieron dos hechos en lo que —valga la pena decirlo— el gobierno se fajó los pantalones y aplicó la ley (particularmente el de Héctor Astudillo Flores): fue desalojado con el uso de la fuerza pública un grupo de personas que mantuvieron bloqueada por unas horas la carretera federal Chilpancingo-Iguala, en las inmediaciones del poblado de Mezcala, perteneciente al municipio de Eduardo Neri, y fueron detenidas varias de ellas con dos autobuses de pasajeros robados. En los dos casos, salvo las cachetadas usuales en estos casos, fueron operativos más o menos “limpios”.
La gente ya está harta de bloqueos en la Autopista del Sol y en otras carreteras, en las calles de Chilpancingo o Acapulco. Es un suplicio para un turista que quiere vacacionar en Acapulco, o para una persona que simplemente necesita trasladarse de una ciudad a otra, el hecho de tener que pasar varias horas encerrado en su vehículo porque está obstruido el paso por una protesta o un bloqueo realizado hasta por ciudadano, como ocurrió hace unos meses con una mujer a la altura de la alameda de la capital este estado.
Hay que atender, también es cierto, las razones que originan la protesta y la ira social, pero debe aplicarse la ley.
Y si hay funcionarios o servidores públicos que incumplen sus obligaciones como tales y eso provoca afectaciones a la ciudadanía, y desatienden sus justos reclamos, pues, hay que aplicársela y prescindir de sus servicios; si no, es un juego perverso que lleva a que cualquiera salga de su casa a violar la ley con el pretexto o excusa de “a mí no me hacen justicia”.
Y lo más reciente de López Obrador: admitió este martes en su conferencia de prensa mañanera que su gobierno otorgó apoyo a “amapoleros” de Guerrero (Dan apoyos a amapoleros, el presidente quiere evitar crisis en Guerrero, Excélsior, edición miércoles 24 de abril) bajo el argumento de que podrían éstos padecer hambruna debido a la lucha antinarco que libran en su contra las autoridades, específicamente el Ejército mexicano.
Nada más falta que al rato también ayude económicamente, o de otra forma, al crimen organizado, porque ya no tengan a quién afectar. La Constitución obliga a servidores públicos, como al presidente de la República y los gobernadores, a cumplir y hacerla cumplir.
Son temas complicados. Pero algo es cierto: la ley se aplica o caemos en el fango en el que cada quien manotea y arroja lodo, y la ley deja de ser de los hombres en sociedad, donde prevalece el respeto hacia los terceros, para convertirse en la ley de la selva, donde el más fuerte, el más violento, el más salvaje es el que se encarama, mediante el terror y el amedrentamiento, en el que manda.
Y ahí sí, que cada quien se encomiende al santo de su preferencia o en quien más confíe. isidro_bautista@hotmail.com