* Alfonso Damián se reunió ayer con diputados que integran la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, a quienes informó que hay 23 denuncias penales contra autoridades que no presentaron cuentas públicas entre 2015 y 2018
Carlos Navarrete
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Alfonso Damián Peralta, informó que fueron interpuestas 23 denuncias penales en contra de diferentes autoridades que no entregaron sus cuentas públicas durante el periodo 2015-2018, además que en la CAPAMA hay observaciones por 138 millones de pesos que no han sido solventadas por la pasada administración que encabezó Evodio Velázquez Aguirre.
Ayer por la mañana, Damián Peralta se reunió en privado con los integrantes de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE del Congreso del Estado, Jesús Villanueva Vega, Aracely Alhelí Alvarado González, Zeferino Gómez Valdovinos, Arturo López Sugía y Perla Edith Martínez Ríos, presidente, secretaria y vocales, respectivamente, de esa cartera.
También asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Antonio Helguera Jiménez, y el coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón.
Al concluir la reunión ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron los temas abordados en el encuentro. El diputado Jesús Villanueva explicó que el auditor proporcionó información relacionada a los diferentes procesos de fiscalización que realiza la ASE.
Entre estos procesos se encuentran los que se aplicaron a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
“En el caso de Acapulco van muy avanzados, en el caso de CAPAMA, específicamente en el tema de la revisión de la fiscalización de CAPAMA de 2016 prácticamente lo que está pendiente es la emisión de la resolución y que en los próximos días seguramente lo hará el auditor con su personal técnico”, señaló.
Indicó que podría ser en mayo cuando la ASE emita la resolución final respecto a las observaciones que se hicieron a la CAPAMA en el ejercicio fiscal 2016.
Comentó también que hablaron de los avances en la entrega de la cuenta pública, a la que están obligados todos los entes fiscalizables, como el gobierno del estado, el Congreso, el Poder Judicial, los ayuntamientos, organismos autónomos y descentralizados.
Indicó que el 55 por ciento de las autoridades obligadas ya han presentado su cuenta pública, pero recordó que tienen como plazo hasta el 30 de abril, por lo que quienes no lo han hecho aún, tienen tiempo para dar cumplimiento a la Ley.
Villanueva Vega reconoció que se han identificado irregularidades en los procesos de fiscalización, pero no especificó de qué autoridades, periodos ni cuánto es el monto de afectación.
“Queremos ser muy responsables, la ley establece que la información es reservada, no queremos frustrar los procedimientos legales que están llevando a cabo dentro de la Auditoría”, señaló.
Por su cuenta, Alfonso Damián explicó que se reunirá con los integrantes de la Comisión las veces que sea convocado para informar el estado que guardan los diferentes procesos que ejecuta la ASE.
Ante la insistencia de los reporteros, el auditor reiteró que en el caso de la CAPAMA las observaciones suman un monto de 138 millones de pesos, mientras que en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH), son tres millones de pesos.
También informó que la ASE ha presentado 23 denuncias, mismas que fueron ratificadas, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de autoridades que no presentaron sus cuentas públicas en el periodo 2015-2018.
No hay conflicto de intereses por la administración de Evodio
En la conferencia y a pregunta expresa de una reportera, Jesús Villanueva explicó que hasta ayer nadie había solicitado que la diputada perredista Perla Edith Martínez Ríos no participe en las reuniones o sesiones de trabajo en las que se aborden temas relacionados a la administración de su esposo Evodio Velázquez Aguirre en el puerto de Acapulco.
Indicó que la legisladora tampoco ha solicitado excusarse de esos procesos y negó que exista un conflicto de intereses en ese asunto.
“Es un tema que no hemos tratado en la Comisión (…) No ha sido motivo de análisis ese asunto, esa es la realidad, no se ha presentado ninguna petición en ese sentido”, explicó.