* El objetivo es que puedan tener coordinación y respeto con los mandos de la Guardia Nacional, cuya creación se discute en la Cámara alta
REDACCIÓN
El Consejo Estatal de Autoridades Civiles y Agrarias de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) solicitó al Senado de la República el reconocimiento del sistema de seguridad comunitaria y ciudadana.
La UPOEG entregó un documento a Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en el que expusieron el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia ciudadana en territorio indígena y en comunidades rurales.
La organización comunitaria fundada por Bruno Plácido Valerio argumentó la necesidad de preservar estos esquemas y solicitó su reconocimiento al Poder Legislativo federal.
También manifestaron su disposición de colaborar con la Guardia Nacional en los trabajos de seguridad pública.
El documento, del que tiene copia El Sol de Chilpancingo, hace un recuento sobre el surgimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, como una estrategia de los pueblos indígenas para hacer frente a la delincuencia.
Se indica que después, en el 2013, surgió el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana-Policía Ciudadana, emanado de la UPOEG.
Se explica que ambos sistemas tienen a la asamblea comunitaria como máximo órgano de gobierno regulatorio y que dichas asambleas están conformadas por ciudadanos honestos, elegidos por consenso de la población, con reconocimiento en actas de las comunidades, por los cabildos de los ayuntamientos y por el convenio celebrado con el gobierno del estado.
En el documento enviado al Senado, la UPOEG expuso su sistema de reeducación a los infractores, mediante trabajos a la comunidad, el pago de los daños causados y la capacitación para laborar en talleres.
La organización sostuvo que tanto el sistema de seguridad comunitaria, como los procesos de reeducación basados en las tradiciones de los pueblos, están “acorde al proceso de la Cuarta Transformación Nacional”.
Argumentaron que la cuarta transformación reconoce a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos como sujetos de derecho público, con capacidad de definir libremente sus formas de organización política, así como su desarrollo económico, social y cultural, para superar las condiciones de pobreza, marginación, desigualdad, exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido.
Por ello, insistieron en que “debe reconocerse que la seguridad pública estará a cargo de los tres niveles de gobierno, en los que se incluya al Municipio Indígena emanado de las asambleas comunitarias en las zonas indígenas y afromexicanas, para que con base a su libre autodeterminación elijan su forma de gobierno y su seguridad pública, fundadas en las decisiones de sus asambleas comunitarias y municipales”.
Asimismo, solicitaron que en las reformas constitucionales y sus leyes reglamentarias relativas a la Guardia Nacional se reconozca a la Asamblea Comunitaria como la máxima autoridad que designa a la Policía Ciudadana y la Policía Comunitaria.
También demandaron que se garantice la coadyuvancia, coordinación y respeto de los mandos y elementos de la Guardia Nacional con la Policía Ciudadana.
Además, la UPOEG solicitó una audiencia con los legisladores para explicar lo relativo a su solicitud y aclarar cualquier duda.