* La encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y participan cinco padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y cuatro abogados de organismos defensores de derechos humanos
JESÚS SAAVEDRA
Funcionarios federales, padres de familia y abogados tomaron protesta este martes como integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa, la cual quedó formalmente instalada y cuyo objetivo será conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en septiembre de 2014, y que se castigue a los culpables “se quien sea”.
La instalación de esa Comisión se realizó en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México y tomaron protesta como integrantes de la misma cinco padres de los 43 muchachos desaparecidos: Cristina Bautista, Mario Cesar González, Hilda Leguideño, María Martínez y Emiliano Navarrete.
Como representantes de la sociedad civil los abogados que han acompañado a los padres de los 43 en estos cuatro largos años de lucha: Santiago Aguirre, Vidulfo Rosales, Humberto Guerrero y Miguel Álvarez.
Por el gobierno federal la encabeza el subsecretario de Gobernación y quien presidirá la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Como secretario técnico estará Félix Santana.
En la ceremonia estuvieron presentes los padres de los 43, funcionarios federales, abogados y representantes de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vamos a vencer la intrincada red que impide la verdad: Segob
La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, recordó todo el proceso jurídico de creación de esta Comisión y “estamos aquí para dar cumplimiento a este decreto presidencial, hoy instalamos la Comisión que deberá coadyuvar a conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en los hechos que provocaron la desaparición de 43 jóvenes normalistas”.
La funcionaria puntualizó que se busca dar respuesta “al justo reclamo de los familiares de los 43 normalistas y dar paso a la aplicación de la justicia de esos hechos, sin importar quiénes hayan sido o qué cargos tenían los responsables” de lo ocurrido.
Afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no creó esta Comisión “para que complique la intrincada red que ha impedido conocer la verdad del caso, queremos que la verdad se conozca y se permita hacer justicia; creamos una instancia para que con la participación de los familiares y nos ayuden a esclarecer la verdad de lo ocurrido, fincar responsabilidades y aplicar la ley”.
Sánchez Cordero dijo que la Comisión no iniciará su labor de cero, porque “hay avances importantes en las investigaciones previas, lo que se hizo de una manera indebida o faltando al debido proceso, no significa que no sepamos nada, contamos con información y pruebas para conocer las circunstancias en las que se concretaron los hechos en un plazo razonable”.
Pidió a los integrantes de la Comisión “su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el más breve plazo que sea humana, legal y científicamente posible; comprendemos a las familias ante el enorme dolor al que suman la angustia y desesperación de no saber lo que ocurrió, vamos a conocer la verdad esa es la orden del presidente y la vamos a cumplir”, agregó.
Ayotzinapa, el caso más oscuro en la historia del país
El abogado del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Santiago Aguirre aseveró que este caso “es uno de los más oscuros de los episodios en la historia del país, es una herida abierta en el corazón de la patria”.
Lamentó que “a los dolorosos crímenes del 26 de septiembre, se demostraron posteriormente las peores prácticas de un sistema político agotado, hubo desdén de la Federación y dejaron correr horas cruciales para la investigación en las horas posteriores a esos hechos”.
Señaló que en la pasada administración “se recurrieron a métodos ilícitos para tener una verdad definitiva, en un ejercicio inédito hubo escrutinio internacional y se abrieron nuevas líneas de investigación, por ello el caso fue administrado y esa negligencia provocó a que hubiera una judicialización que evitó avanzar en los trabajos para buscar justicia”.
Santiago Aguirre reconoció a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos “porque sostuvieron una lucha digna en las condiciones más adversas, tocaron todas las instituciones del Estado, mantuvieron su demanda de justicia, gracias a esta lucha incesante abrazada por personas y colectivos, la ONU y la CIDH, los padres resistieron la mentira y la impunidad, hoy están aquí unidos y de pie”.
Aguirre aceptó que el reto que enfrentarán “no es menor, se deben romper los pactos de impunidad para saber que ocurrió; esta Comisión cuenta con el respaldo presidencial, con herramientas jurídicas, no se pretende invadir las funciones del Ministerio Público, el trabajo de los fiscales suele estar sujeto a presiones del poder político y la labor de esta Comisión será compatible con labor del MP para buscar abolir esas cadenas que impiden la verdad”.
Agregó que la principal tarea de esta Comisión será establecer “claramente el destino de los 43 normalistas. Alcanzar la verdad en el caso no sólo es una demanda de sus familias, sino demostrar que México no está condenado a la mentira y a la impunidad, eso alentará a muchas otras familias que demandan justicia en la crisis de desaparecidos que lastima a decenas de miles de familias en el país”.
Finalmente dijo que para que el esfuerzo que inicia en esta Comisión “fructifique, se requiere voluntad política, los pactos de impunidad no serán desechos de la noche a la mañana, lo que viene no será fácil y esperamos que se mantengan los trabajos coordinados de la mano de los padres y los abogados”.
Padres tienen esperanza de encontrar la verdad
La señora Cristina Bautista dijo que en los cuatro años que ha durado su lucha “no nos hemos rendido porque como madres y padres ha sido muy difícil caminar sin nuestros hijos y sin saber dónde están, estamos lejos de nuestras comunidades y familias porque amamos a nuestros hijos, estamos desesperados de no saber cómo están”.
Enseguida fustigó al gobierno de Enrique Peña Nieto porque “nos llevó con tantas mentiras, se burló de nosotros y del pueblo; no nos callamos y seguimos aquí, desaparecieron a 43, asesinaron a 3, a uno más de los muchachos lo tienen en coma por el balazo que recibió en la cara, entre ellos se encubrieron de lo que sucedió. Fue un ataque coordinado para desaparecer a nuestros hijos”, afirmó.
Consideró importante que el presidente López Obrador haya escuchado sus peticiones como candidato y como presidente; “hemos subido un escalón al firmar este decreto y hoy que se instala esta Comisión es importante, pero la confianza se va construir conforme vayan avanzando las investigaciones, les pedimos que no haya obstáculos a la investigación y la búsqueda de nuestros hijos y nos digan que no hay recursos para encontrar a nuestros hijos, queremos saber qué pasó con nuestros hijos, su único delito es haber sido estudiantes normalistas”.
Don Emiliano Navarrete señaló que el 23 de septiembre fue la última vez que vio a su hijo José Ángel, “me dijo te quiero mucho y nunca pensé que no lo volvería a ver, me fui a trabajar, soy un albañil y a pocos días hubo una agresión vil, cobarde e inhumana por policías municipales en presencia del Ejército, que sólo observaron un hecho tan grave como es balacear a estudiantes; policías federales no hicieron nada para detener esa agresión, se lavan las manos porque dicen que no es su jurisdicción. Cualquier ser humano que ve un abuso uno debe intervenir, ayudar y evitar esas acciones”.
Aseguró que lo ocurrido cambió sus vidas, “no saben cuántas veces hemos llegado a casa sin ver a nuestras familias a los ojos, porque no tenemos el valor de saber lo que debemos decir, si no hay nada, porque el gobierno no ayuda, obstaculiza la investigación”.
Encontrar la verdad encomienda que se va a cumplir
El presidente de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que la próxima semana se van a aprobar los lineamientos para el funcionamiento de ese mecanismo, que se va a partir de los trabajos de la PGR, de los informes y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, que se busca agilizar la cooperación y asistencia técnica de la CIDH, la ONU, el Equipo Argentino de Antropología Forense, que se reunirán cada mes y que entregarán un informe semestral.
Señaló que se trata de un “mecanismo extraordinario” y que “espera que los resultados que se obtengan brinden una nuevo modelo de intervención gubernamental en coordinación con las víctimas, sus familiares, organizaciones de la sociedad civil que permita avanzar en las investigación y esclarecimiento de la desaparición de más de 300 mil mexicanos en nuestro país y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas en México en las últimas décadas”.
Encinas Rodríguez preció que su “objetivo es conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en Iguala, deslindar responsabilidades, castigar a los responsables, sean quienes sean y esos hechos no queden en la impunidad; nuestra obligación es brindar a las víctimas la garantía del ejercicio de sus derechos humanos a conocer la verdad y hacer justicia para que nunca más vuelvan a suceder esos hechos”.
Y agregó que “partimos de una sola premisa la verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa, la verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición de esos estudiantes, de los homicidios y lesiones cometidos el 27 de septiembre del 2014 en Iguala, encontrar esa verdad es nuestra encomienda y la vamos a cumplir”, finalizó.