* El ombudsman dijo que hay personas que en movilizaciones sociales incurren en violencia y otros desmanes, y por eso están acusados de cometer delitos tipificados en el Código Penal
Alondra García
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, coincidió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en que “no hay presos políticos” en los penales del estado.
El miércoles de esta semana, la senadora morenista Nestora Salgado García informó que el gobierno federal podría dar amnistía a 176 presos políticos que están en cárceles de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, por lo que ella trabaja en la elaboración de un padrón de probables beneficiarios de una Ley de Amnistía.
Cuestionado al respecto, el ombudsman estatal aclaró que el término “presos políticos” se utiliza por quienes participan en el movimiento social, pero que “trasladado al sistema jurídico, no existe dicha figura en nuestro esquema legal”.
Reconoció que si bien hay personas tras las rejas “que se han distinguido por alguna lucha social”, también existen víctimas que los acusan de delitos del orden común.
Ejemplo de ello, dijo, son “las manifestaciones públicas que se vuelven intensas y hay violencia sobre las personas o sobre las cosas”, situaciones que se tornan en delitos tipificados en el Código Penal.
Otro ejemplo que señaló es el caso de Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, quien se encuentra preso desde hace más de cuatro años en el penal de Chilpancingo.
Molina González enfrenta cuatro causas penales, una de ellas por robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas. Sus presuntas víctimas son ex el síndico de Tixtla, el ex director de la Policía Preventiva, el ex secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
“Lo que nosotros observamos en los expedientes (…) como en el caso de Gonzálo Molina (…) es que hay víctimas haciendo imputaciones”, apuntó Navarrete Magdaleno.
Sobre la posible amnistía que anunció la senadora Salgado García y que confirmó la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, el ombudsman estatal dijo que “en el ámbito legislativo” deben de establecerse las condiciones para los posibles beneficiarios.