Alondra García
El expresidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, se deslindó del extravío de 32 vehículos oficiales y aseguró que estos ya estaban perdidos desde antes de que él llegara al cargo en 2015, aunque según información proporcionada por el actual contralor municipal, Javier Ríos, al menos 5 patrullas de la Secretaria de Seguridad Pública municipal que no aparecen eran modelo 2017.
Este jueves, el gobierno municipal que preside el perredista Antonio Gaspar Beltrán presentó una denuncia penal contra funcionarios de la administración que encabezó Leyva Mena, debido a que hay 32 vehículos oficiales cuyo paradero se desconoce, en su mayoría patrullas y motocicletas de la Secretaría de Seguridad Pública.
En respuesta, Leyva Mena publicó un comunicado en su cuenta de Facebook en el que rechazó que la desaparición de esos vehículos hubiera ocurrido durante su gobierno.
Aseguró que tiene en su poder actas, avaladas con presencia de autoridad estatal, que demuestran desde el 2015 la ausencia de vehículos no entregados a su administración.
De acuerdo con el priísta, el gobierno municipal actual le está cargando la culpa por autos que se adeudan desde 2008 hasta 2015, periodo en el que gobernaron Héctor Astudillo Flores y Mario Moreno Arcos.
“Es evidente que los adeudos históricos desean imputarlos a mi persona”, dijo Leyva Mena, quien añadió que “si se atreven a decir que yo soy el responsable tendrán que demostrar las pruebas pertinentes de que yo tengo posesión o que realicé en lo personal (algún) acto fuera de la ley con esos vehículos”.
Para el ex alcalde priísta, hay una “evidente instrucción recibida de seguir los puntos del Manual contra el Adversario”, ya que “había prisa por utilizar la vía penal” cuando aún no se agotaba la instancia administrativa.
Sin embargo, afirmó que sus rivales políticos “no podrán vencer la ley”, la cual, dijo, “tendrá que aplicarse ante Tribunales Federales”, porque no confía en el manejo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Leyva Mena exhortó al gobierno municipal actual a acreditar que los automóviles desaparecidos son propiedad del Ayuntamiento, para así configurar daño patrimonial.
También dijo que será necesario “configurar espacio-tiempo” para deslindar responsabilidades administrativas por periodo presidencial, aunque por lo pronto esperará la notificación oficial de la Fiscalía para defenderse.