Alejandro Mendoza

Para nadie es desconocido que nuestro país padece una grave crisis política expresada en los altos niveles de corrupción y en la creciente desconfianza ciudadana en las instituciones del poder público. 
Las crisis que padece el Estado y la sociedad mexicana cuestionan la validez de los paradigmas de las políticas públicas que instrumenta el gobierno en sus tres niveles. 
En el contexto nacional, la estrategia del Estado prioriza la concentración de la riqueza nacional en las grandes empresas; el mercado externo sobre el interno; la contención salarial; y las políticas sociales focalizadas y asistencialistas, lo cual ha sido un rotundo fracaso. 
Ante tan alarmante escenario para México, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe priorizar dos ejes en el desarrollo nacional: 1. El Modelo de Crecimiento Económico con Igualdad y 2.- El Estado Social y Democrático de Derecho. En tal sentido, se pueden crear las condiciones para garantizar salir de la pobreza, abatir la desigualdad, reconstruir el tejido social y poner en acción todos los recursos productivos, intelectuales y económicos que permitan impulsar un desarrollo nacional incluyente, orientado hacia el bienestar igualitario. 
Es indispensable establecer un diálogo con todos los sectores de la ciudadanía, con los empresarios, con las organizaciones sociales progresistas y con todos los individuos interesados en impulsar un proyecto democrático e incluyente de nación. 
El gobierno del Estado dice en su slogan principal que Guerrero nos necesita a todos, pero en la práctica política sólo se incluye a quien el mandatario quiere y necesita. No existe una inclusión al nivel que la expresión requiere para ser una realidad.
En realidad, el diálogo incluyente, es un punto de partida para construir acuerdos que permita integrar una gran unidad de las fuerzas progresistas cuya tarea sea garantizar el buen vivir para todos.
Cada comienzo de un gobierno constituye una oportunidad para realizar los ajustes y cambios necesarios para enderezar el rumbo. A nivel país constituye una oportunidad para discutir a fondo el México que deseamos, a partir de dos retos que se deben superar.
El primer gran reto, es frenar la violencia. En este punto todo parece indicar que 2018 ha sido un año terriblemente violento con homicidios dolosos en México y no existen indicios que hagan pensar que la tendencia al alza se vaya a frenar.
Se requiere buscar una nueva estrategia de combate al crimen organizado que se enfoque en reducir los daños y la violencia. 
El segundo gran reto, será garantizar la estabilidad política y de gobernabilidad con la nueva configuración del poder en el país con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo ante expresiones como la del ex presidente Carlos Salinas en el sentido que quien se prepara para gobernar, también se debe preparar para el golpe inesperado y que la República está en la disyuntiva de renacer o desaparecer.
Este escenario requiere no sólo del esfuerzo del gobierno, sino también de la madurez de las fuerzas políticas por hacer valer sus derechos, pero sin incurrir en exageraciones que sólo busquen su propio rédito político, toda vez que esto a la larga mina la confianza en el sistema democrático. 
Y en el contexto general prevalecen otros retos igual de relevantes como la crisis económica, la corrupción, la pobreza y la marginación social. En esencia el Estado necesitará de constantes esfuerzos sistemáticos para enfrentar y superar tales escenarios para evitar su propia condición de vulnerabilidad y también de la población.
Los errores fueron míos, los aciertos de Dios, sonría, sonría y sea feliz
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