RAÚL SALGADO LEYVA
A escasos días de que se cierre el plazo de los 30 días hábiles que contempla la normatividad sobre el proceso Entrega-Recepción, lo único que ha sido público han sido las declaraciones de los nuevos alcaldes de que sus administraciones se encuentran en lamentable quebranto financiero.
Es grave el deterioro administrativo y económico en que se encuentran casi la totalidad de los municipios de Guerrero, y por eso resulta extraño que hasta el momento las áreas financieras de los Ayuntamientos, así como de obras o de acciones programadas y no realizadas, o bien cobradas y no justificadas, no tengan absoluta claridad de la situación en que se encuentran cuando están en la fase final del fincamiento de responsabilidades.
Han caído en el vacío del silencio las declaraciones escandalosas sobre los altos déficits financieros que dejaron las administraciones municipales salientes, o bien se ha guardado la posición cómoda de la complicidad, o están fallando con desmedida complacencia e inutilidad los nuevos cuadros designados para la revisión minuciosa sobre los arqueos físicos y financieros que debieron haberse realizado.
Lo que la sociedad guerrerense espera es conocer, con absoluta transparencia, cómo se ejercieron los recursos públicos y su correcta o incorrecta aplicación, y desde luego la denuncia formal sobre los desvíos o malversación de los mismos.
Los reiterados llamados de las entidades fiscalizadoras para que cada municipio previera lo relativo a la proporcionalidad para el pago de aguinaldos, tal parece que sólo sirvieron como medida de aliento para el abuso, pues actuaron en contrario, y hoy las nuevas autoridades no encuentran ninguna otra alternativa que no sea recurrir al auxilio del Gobierno del Estado en el afán de cubrir esta inaplazable obligación.
Para fortuna de los municipios en adversidad, el Estado en aras de mantener la armonía social, no se ha desentendido de esta grave emergencia y ha declarado su amplia disposición para entrar en apoyo a los Ayuntamientos, pero es justo admitir que la autorización de recursos debe estar sujeta a la capacidad previsora de sus ingresos y que puedan en corto plazo amortizar los adelantos proporcionados con base en sus participaciones.
Sin embargo, habría que reconocer que el Estado ha tenido mayor capacidad y advertir del sano comportamiento financiero que ha mantenido, que es lo que hace posible esta generosa acción de auxilio a los Ayuntamientos. Lo que sí conviene subrayar es que cualquier autorización debe estar bajo el aval de las áreas fiscalizadoras, las que mediante la presentación de un diagnóstico sobre la disciplina que ha venido observando el municipio a fin de que pueda declararse la procedencia para el apoyo que brinde el Estado.
Es decir: validar el comportamiento financiero del municipio, la integración de carpetas de responsabilidad para quienes hayan cometido abuso y, en consecuencia, la integración de averiguaciones para ser turnadas a las Instancias judiciales correspondientes, deben ser las medidas mínimas más aconsejables para que el Estado pueda recurrir en su auxilio.
Cerrar las puertas a la impunidad, debe ser el precedente para abatir la corrupción. Castigar a los corruptos es necesario.