* María Luisa Garfias y Liduvina Gallardo pidieron al gobierno del estado que le haga un llamado de atención al prelado e incluso, de ser necesario, se le apliquen sanciones conforme a la ley
Carlos Navarrete Romero
Este miércoles, feministas exigieron al secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, que el gobierno del estado haga un llamado al obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, para que deje de fomentar la violencia en contra de las mujeres y, en su caso, se apliquen acciones legales en su contra.
La petición se dio ayer durante la sesión de la Comisión de Enlace y Promoción de la Participación Ciudadana, presidida por Salazar Adame, en la que se presentó un informe de las acciones emprendidas por el gobierno estatal en atención a la Alerta por Violencia de Género.
María Luisa Garfias Marín, promotora de la alerta, criticó que hasta el momento ninguna autoridad que integra el Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género haya fijado una postura respecto a las declaraciones de Salvador Rangel, quien la semana pasada dijo que las mujeres asesinadas en la entidad “no andaban en misa” y las vinculó a la prostitución y delincuencia organizada.
La académica consideró que las declaraciones del obispo son violentas, sobre todo porque en Guerrero el número de mujeres asesinadas ha incrementado de manera alarmante.
Por esa razón entregó a Salazar Adame un documento firmado por 160 mujeres y 120 organizaciones civiles, en el que solicitan al gobierno del estado que intervenga ante el prelado católico a fin de que deje de hacer ese tipo de expresiones.
“Yo pensé que el Sistema iba a actuar de manera inmediata cuando este señor, Salvador Rangel, empezó a hacer una serie de declaraciones que violentan los derechos de las mujeres y me encuentro con que este Sistema, que ha hecho ocho mil y tantas acciones de sensibilización, no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho ni un pronunciamiento para que este señor rectifique su conducta que violenta los derechos humanos de las mujeres y nuestra dignidad”, afirmó Garfias Marín.
La activista criticó también que el obispo pretenda criminalizar a las víctimas de feminicidios, al vincularlas con la delincuencia organizada sin elementos que sustentes esos señalamientos, y recordó que es él quien ha sostenido acercamientos con líderes de grupos delictivos.
Dijo que “es muy grave” que el obispo Rangel Mendoza violente “el artículo 40 de la Constitución que habla del Estado laico”, así como “el articulo 29 y el artículo primero y el cuarto de la Constitución, y todos cruzados de brazos como si no estuviera pasando nada. Independientemente del credo de cada uno de ustedes, se le tiene que poner un hasta aquí”, exigió.
Expresó que las autoridades estatales no deben permitir que, ante un contexto de violencia feminicida, “alguien venga y agite más las aguas de la violencia, y tiene que ser un llamamiento público, no por teléfono, porque la violencia ha sido pública, nos han discriminado, nos han violentado, y ahora resulta que un señor que se dice representante de Dios, que habla de la paz, viene y nos violenta”.
Por su cuenta, la feminista Liduvina Gallardo aseguró que debe emprenderse una acción legal en contra del prelado católico, pues dijo que sus declaraciones fomentan al odio y la violencia.
“A mí me parece que la respuesta de este Sistema y del Secretario, debe ser de manera inmediata. De acuerdo a la ley, este señor de la sotana amerita acción penal, porque está fomentando actos de violencia, porque él está enviando un mensaje muy fuerte a los hombres, de que si se encuentran a una mujer después de las 9 o 10 de la noche en la calle pueden hacer lo que quieran con ella porque no están en oración, porque no está en su casa”, señaló.
Liduvina Gallardo aseguró que con sus expresiones, el obispo está justificando el asesinato de mujeres y “entonces no puede ser que en lugar de abonar a mejorar el estado de paz, la seguridad de las mujeres, él lo esté haciendo más inseguro”.
Al respecto, Florencio Salazar aseguró que, en atención a la solicitud que le presentaron, el gobierno del estado hará en lo posterior un pronunciamiento al respecto, y coincidió en que las posturas asumidas por el obispo no contribuyen a la protección de las mujeres en la entidad.