* Nazarín Vargas, presidente del órgano electoral, confió en que “la sociedad guerrerense siga optando por el ejercicio de la democracia para resolver los problemas que aquejan al estado de Guerrero”

Carlos Navarrete

El asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local en el Distrito 17 de Tierra Caliente, Abel Montúfar Mendoza, no favorece al desarrollo del actual proceso electoral, admitió el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta.
Este miércoles, el Consejo General del IEPC celebró una sesión extraordinaria en la que se aprobaron las sustituciones de candidatos a diputaciones locales de dos partidos políticos. Durante el acto, el consejero presidente del organismo expresó su solidaridad con el PRI, así como con la familia de Montúfar Mendoza, quien fue asesinado a balazos el martes.
“Desde luego que este hecho no es una condición que favorezca al desarrollo de las actividades que tienen que ver con el desarrollo normal del proceso electoral”, dijo Vargas Armenta, quien añadió que “expresamos nuestra solidaridad ante este hecho lamentable y expresamos nuestra confianza de que pueda ser esclarecido, y que la sociedad guerrerense siga optando por el ejercicio de la democracia para resolver los problemas que aquejan al estado de Guerrero”.
Después, en entrevista, Vargas Armenta lamentó el asesinato del político calentano, quien era alcalde con licencia de Coyuca de Catalán y hacía campaña para ser diputado por el Distrito 17 con cabecera en ese municipio.
El funcionario reiteró que ese asesinato “no genera una condición favorable para el desarrollo de las actividades del proceso electoral”.
Nazarín Vargas consideró que es necesario fortalecer la estrategia de seguridad que el gobierno del estado ha emprendido en el contexto electoral y llamó a las corporaciones que participan en ella a hacer “un mayor esfuerzo” para frenar el problema de inseguridad y violencia.
Dijo que hasta ayer ningún partido había pedido la intermediación del IEPC para solicitar medidas cautelares para sus candidatos, aunque recordó que hay casos en los que los institutos políticos recurrieron directamente a las autoridades gubernamentales.
Dejó claro que no es competencia del órgano electoral diseñar mecanismos de seguridad para el desarrollo del proceso electoral, ya que su trabajo se limita a la organización de los comicios.
“En el tema concreto de la seguridad pública no tenemos absolutamente ninguna atribución, ni ninguna responsabilidad; lo he dicho muchas veces, sería irresponsable que un órgano diseñado para organizar elecciones se atreviera a diseñar una estrategia de seguridad pública, porque no tenemos la formación ni estamos preparados para emprender dinámicas en materia de seguridad pública”.