* El guerrerense Daniel Moreno encabezó la investigación
Redacción
El periodista guerrerense Daniel Moreno Chávez recibirá hoy el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018, junto a sus compañeros Salvador Camarena, Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste por el reportaje “La Estafa Maestra”, una investigación que reveló el desvío de 7 mil 670 millones de pesos de fondos públicos.
La entrega del galardón se realizará este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid; en esta XXXV edición también serán premiados la periodista Inger Díaz Barriga, de Univisión Noticias, por “Mejor vete, Cristina”, la historia de éxito de una chef indocumentada en EE. UU.; David Armengou y Marcela Miret, por una imagen de las víctimas de los atentados de Barcelona.
Daniel Moreno, originario de Arcelia, Guerrero, es fundador y director de Animal Político, un periódico digital que se ha convertido en referencia del periodismo de datos.
En una entrevista concedida a Ricardo García Mongay, en diciembre de 2014, Daniel Moreno se calificó a sí mismo como un crítico del periodismo que se hace en México “porque no es un espejo fiel de lo que está pasando”.
Animal Político aborda fundamentalmente temas de corrupción, transparencia, derechos humanos y violencia.
“La Estafa Maestra” es la investigación más amplia y profunda realizada hasta ahora por Animal Político.
El reportaje, dirigido por Daniel Moreno reveló que el gobierno federal entregó 7 mil 670 millones de pesos a 186 compañías, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Pero el fraude no quedó solo en eso. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.
El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.
Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador del Estado de México— al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.
También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
La exhaustiva investigación de Animal Político y la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.
