¿Harakiri legislativo?
Felipe Victoria
Tristes y preocupados muchos funcionarios por la decisión de los diputados para que el fuero sea eliminado y, entonces las personas privilegiadas queden a nivel del resto de la gente, debiendo responder por actos punibles que se acostumbró quedaran impunes o dilataran acciones legales contra altos funcionarios malandrines
Ya desde tiempos del Emperador Agustín de Iturbide, allá por 1822 los diputados constantemente agredidos por el monarca querían implantar la medida ya existente en la constitución española
En la Carta Magna de 1824 se excluía del fuero a los presidentes por actos que implicaran latrocinios y cohechos
Por la gravedad de lo acontecido al Senador Belisario Domínguez Palencia en 1913 por acusar al usurpador Victoriano Huerta del asesinato del presidente Madero, los legisladores buscaron medidas para garantizar su libertad de expresión y librarse de presiones para tomar decisiones facilitando su labor específica
Malintencionadamente se confundieron términos, convirtiendo el fuero en patente de corso para que pudieran hacer lo que les diera la gana en todos los ámbitos, como una especie de licencia para delinquir, el pretexto maravilloso que favorece la inmunidad e impunidad de políticos ladrones y matones…
Muy recomendable la sección de “expertos” del gran Diario Excélsior, de donde les muestro la nota de Daniel Aceves Villagrán:
“Huachicolero impune”.19 de Abril de 2018
“Las imágenes captadas en video por parte de un efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado miércoles 11 de abril del año 2018 en la colonia La Purísima, en San Martín Texmelucan, Puebla, evidenciaron el nivel de indefensión del personal castrense de nuestro país; al grito de “!quémenlos a los cabrones¡” un grupo de pobladores presumiblemente asociados a grupos delincuenciales dedicados, entre otros ilícitos, al robo y la ordeña de combustible de ductos de Pemex en la región.
Sabido es que los huachicoleros han obtenido ganancias millonarias que repercuten en la obtención de una base social que les otorga apoyo y protección.
Los acontecimientos en comento narran insultos, golpes y humillaciones que se dan en contra de 7 militares que asistieron a una llamada de auxilio, posteriormente a un enfrentamiento con los presuntos huachicoleros y miembros del Ejército mexicano, ante las agresiones, los efectivos militares, a pesar de estar armados y contar con adiestramiento, tienen que soportar las amenazas de muerte que les infieren quienes lideran la retención y privación ilegal de los soldados por más de 30 minutos, mismos que se reportaron acuartelados en su unidad y que reciben atención médica.
Es indignante que las Fuerzas Armadas en su carácter de autoridad sean cotidianamente objeto de estos acontecimientos, como los que se viven en varias entidades federativas ante la imposibilidad de contar con un marco legal que les otorgue certidumbre de actuación como la que busca la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre del año 2017 por el Presidente de la República y que según se anunció entrará en vigor después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme su constitucionalidad.
La citada Ley establece que a pedido de autoridades estatales el Presidente podrá emitir una Declaratoria de Protección de Seguridad Interior para que Fuerzas Federales, incluyendo Fuerzas Armadas, intervengan en una determinada zona que requiera reforzar el combate a la inseguridad que los gobiernos locales no puedan afrontar.
La ley en comento ha sido impugnada por diversas organizaciones de los Derechos Humanos, quienes al igual que Amnistía Internacional deducen que la militarización del país persistirá con la consecuente y previsible violación de los Derechos Humanos, no obstante, se entiende que hoy en día y por más de una década los militares han tenido que realizar actividades de seguridad pública y la regularización de una realidad que puede otorgar certeza jurídica y legitimización a las actuaciones del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en contra del crimen organizado, existe la necesidad de definir si se continúan con más de mil 800 cuerpos policiacos municipales o se promueve la existencia de 32 policías estatales como se ha presentado en el Congreso de la Unión; es evidente que no se han desarrollado policías confiables, sólidas y eficaces, habría que decir que más de 600 municipios no cuentan con policías propias, ante este somero diagnóstico de debilidad de las instituciones, quienes resultan beneficiados son las organizaciones delictivas que con su poder económico, de fuego y el terrorismo que ejercen sobre la población civil, les ha permitido adueñarse de vastos territorios a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Se debe de promover un equilibrio institucional que no sólo salvaguarde los Derechos Humanos de las víctimas, sino también de aquellos servidores públicos que en el uso de sus atribuciones participan en tareas de seguridad pública y nacional. La reflexión social, política y jurídica tendrá que poner en relieve el que las Fuerzas Armadas también tienen derechos en todos los sentidos-Opina Daniel Aceves Villagrán
Por lo visto siguen dando muchos brincos estando el piso tan parejo, debieran asomarse al artículo 29 constitucional relativo a la suspensión de garantías y el estado de excepción, como tanto lo han recomendado juristas como Diego Valadés Ríos, René González de la Vega, Víctor Valencia Villarreal y Alfredo Pérez Zárate…
Poner el remedio sería fácil, no es que no hayan podido sino que no han querido…