Jesús Saavedra

 

A tres días de iniciado el ciclo escolar, la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), ha recibido 50 quejas contra directivos por el cobro de cuotas indebidas en las escuelas de nivel básico, informó el contralor, Ramón Apreza Patrón.

En especial en zonas urbanas en los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, es donde se concentra el mayor número de quejas recibidas de forma pública o anónima por padres de familia.

El martes, un padre de familia de la escuela “Primer Congreso de Anáhuac” de esta capital, informó públicamente que se le condicionó una “cooperación voluntaria” de 150 pesos para “mejoras a la institución educativa”.

El quejoso refirió que mensualmente se les cobra una cuota “voluntaria” de cien pesos por mil alumnos que integran el centro educativo en el turno vespertino.

En la escuela “Primer Congreso de Anáhuac”, incluso se entrega un recibo sellado por la institución y donde se establece además de la fecha de expedición, la cantidad a pagar y el ciclo escolar.

Quejas similares se han presentado en la primaria “Crescencio A. Miranda”, de El Encanto, ubicada sobre el libramiento a Tixtla, en donde se les hizo efectivo el cobro del examen por la cantidad de 10 pesos, además de otros 10 pesos porque se pintó la escuela, entre otros gastos que resultan onerosos para los padres de familia.
Al respecto, Apreza afirmó que los casos serán investigados porque de ninguna manera se puede condicionar el proceso de inscripciones en las escuelas según lo establecido por la propia Ley General de Educación.

Recordó que diez días antes del inicio de este ciclo escolar, en los 12 mil 232 planteles de educación básica, la Contraloría Interna a su cargo emitió una circular “clara y contundente” dirigida a los directores, subdirectores y autoridades educativas en general que establece la prohibición de cuotas económicas para condicionar el proceso de inscripción en las escuelas.

Precisó que son los comités de padres de familia, los únicos facultados para recibir recursos en especie y en efectivo y ellos de manera conjunta definen las prioridades de la institución.

Destacó sin embargo, que para que estas puedan proceder es necesario que sean ratificadas y se presenten pruebas de esta “mala actuación” de los directores que deberán ser sujetos a la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

Añadió que las 50 quejas presentadas al momento serán investigadas invariablemente de que puedan o no proceder, porque es parte de la obligación que tiene la dependencia a su cargo.

Invitó a la comunidad escolar a denunciar cualquier hecho ilícito directamente a la Contraloría Interna, ubicada en el fraccionamiento Santa Rosa en Chilpancingo, o en las representaciones regionales adscritas a las ocho coordinaciones regionales de los servicios educativos.