* Urgió al Congreso del Estado aprobar cuanto antes las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas, que regula a las policías comunitarias para dar certeza jurídica a la actuación de esos grupos armados que han proliferado en por lo menos 40 de los 81 municipios de la entidad

 

 

REDACCIÓN

 

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), al negarse públicamente a que sus seguidores que han conformado policías comunitarias depongan las armas y cesen sus movilizaciones, “desafía a la ley y a las instituciones”, acusó ayer el diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

Nadie puede estar al margen de la ley ni mucho menos asumir una actitud retadora frente al gobierno al declarar públicamente, pese a que se había comprometido a hacerlo, que siempre no presentará ante la autoridad ministerial a los miembros de la UPOEG que fueron señalados de haber participado hace un mes en la masacre de una familia en la localidad de San Pedro Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, en la que hubo siete personas muertas, entre ellas (¿cuántos?) niños.

“No quiero atizarle más leña a la hoguera”, pero las declaraciones, la actitud retadora de Bruno Plácido y el abierto discurso beligerante de la UPOEG lo colocan en una situación de “desafío a la ley y a las instituciones” públicas.

Por esas y otras razones, Vicario urgió al Congreso del Estado a aprobar cuanto antes las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas, que regula a las policías comunitarias dentro del estado de Guerrero, para dar certeza jurídica a la actuación de esos grupos armados que han proliferado, como la UPOEG, el FUSDEG y otros en por lo menos 40 de los 81 municipios de la entidad, según se ha reconocido oficialmente.