¿Fantochada jarocha?…

 

Felipe Victoria

 

El gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores pareciera estar acosado por todos lados y que hasta cuando no le llueve, le llovizna.

Nunca deben soslayarse algunos “pequeños grandes detalles”, que como la bolita de nieve, cuando rueda cuesta abajo, termina en alud.

Imposible olvidar que el gremio periodístico guerrerense también debiera estar en orden y paz; no es agradable que surjan quejas de quienes se sientan discriminados y ninguneados, porque eso afecta la imagen del entorno interno estatal, pero lidiar con periodistas es un arte tan difícil como la fiesta brava, y como en la casa del jabonero, el que no cae resbala.

A otra cosa mariposa que ya está de regreso el hijo pródigo jarocho; les transmito fragmentos de la columna invaluable de Raymundo Riva Palacio en varios periódicos diarios del país:

“Duarte, ¿inocente?

”Javier Duarte llegó a México extraditado por Guatemala para enfrentar acusaciones que tienen que ver con corrupción. Sin embargo, no hay que dar de brincos porque alguien al que se le adjudica saqueo de las arcas por cientos de millones de pesos tenga que rendir cuentas. De hecho, las acusaciones que formularon la PGR y la Fiscalía de Veracruz ente el tribunal guatemalteco para que autorizara su entrega están llenas de errores y no prueban de manera contundente las acusaciones en su contra”.

“La extradición de Duarte se fincó en tres acusaciones, una de ellas federal, que es la de la PGR, que lo acusa por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos locales radicadas en Veracruz por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal”.

“La debilidad del caso contra Duarte fue sintetizado en tres campos”.

“1.– Al no establecer que existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

“2.– En el caso de los delitos del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y 56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribuyen al Gobierno de Javier Duarte, y que Orfis calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio fiscal”.

“3.– En la carpeta 56/2017 se vincula a Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el 13 de diciembre de 2016 por el Orfis. El expediente está tan mal integrado que ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías federales”.

“La debilidad de la acusación y el hecho de que no haya sido deportado en automático levantan suspicacias sobre una entrega pactada. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente el Gobierno de Guatemala si había violado sus leyes migratorias al ingresar al país con pasaporte falso?”

“La respuesta, dicha en un principio por los guatemaltecos, es que Duarte entró con uno real. Si fue el suyo, se puede alegar que la Secretaría de Gobernación, que era la responsable de dar este seguimiento, no lo estaba buscando. Si fue un pasaporte real, con nombre apócrifo, tampoco hay investigación conocida de cómo lo obtuvo en la Cancillería mexicana”.

“La razón por la que no lo deportaran lo explicó –sin abundar por qué no fue un proceso mecánico, sino hablado con México– el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como una medida para evitar que Duarte pudiera quedar libre, lo que es incorrecto, pues al fincársele el presunto delito de delincuencia organizada, no sería sujeto a fianza. De habérsele deportado, se podrían haber añadido delitos a las causas penales que se le siguen. Al ser extraditado, sólo lo pueden juzgar por los delitos establecidos en el documento entregado al Tribunal. Para que se le puedan añadir delitos en México, tendrían que volver a hacer un trámite en Guatemala para ver si el Tribunal acepta que se le añadan”.

“La extradición es benéfica para Duarte, que parece más un reo protegido por las autoridades mexicanas que perseguido con total cabalidad”.

Duro como siempre Raymundo Riva Palacio

Me parece entonces que nos dan un taco de “tenme acá de te emboruco” mientras termina el sexenio donde Javier Duarte no robó para sí solito, igual que otros gobernadores saqueadores que fueron exhibidos por la valiente prensa insumisa que no se rinde todavía y pone en aprietos a funcionarios donde quiera y de cualquier tamaño, tarde que temprano.