* El secretario de Finanzas y Administración dijo que la administración de Evodio Velázquez estaría violando la Constitución y las leyes de Coordinación Fiscal y de Disciplina Financiera al pedir un préstamo sólo con la autorización del Cabildo

 

* Sugirió a los ediles porteños revisar la legislación en la materia para que “eviten incurrir en irregularidades y en irresponsabilidades que, por cierto, hoy, ya están debidamente tipificadas”

 

Alondra García

 

El secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Guerrero, Héctor Apreza Patrón, advirtió que el endeudamiento autorizado por el Cabildo de Acapulco es ilegal en las condiciones en que se aprobó, ya que viola todas las leyes y disposiciones en la materia.

Entrevistado en el puerto de Acapulco, el funcionario estatal reconoció que los gobiernos municipales tienen la facultad de buscar recursos adicionales; sin embargo, estas gestiones deben de realizarse bajo la normatividad.

Por ello, hizo un llamado al Cabildo de Acapulco para que revise la legislación en materia de endeudamiento por parte de los gobiernos.

Apreza Patrón señaló que las declaraciones vertidas por en los medios de comunicación por el alcalde Evodio Velázquez Aguirre “dan la impresión de que esa autorización de Cabildo viola la Constitución General de la República, viola la Ley de Coordinación Fiscal, viola la Constitución Política del Estado de Guerrero y viola las disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios”.

El funcionario detalló que la Constitución General de la República en su Artículo 117,  fracción VIII establece “con mucha claridad” que las entidades federativas o los municipios podrán recurrir a solicitudes de crédito, siempre y cuando lo destinen a inversión pública productiva y que sea aprobado por dos terceras partes del Congreso local, en el marco de las disposiciones normativas que emita la propia legislatura.

En tanto que la Ley de Coordinación Fiscal Federal, indica que cuando un estado o un municipio vaya a ofrecer en garantía de pago las participaciones federales, este préstamo deberá de ser aprobado por la Legislatura local.

Apreza Patrón también se refirió a la Constitución local, que en su artículo 62 fracción IV se establece como una de las acciones o  atribuciones preferentes del Congreso local el autorizar los empréstitos que requieran el gobierno del estado o los ayuntamientos, con la aprobación de dos terceras partes de los integrantes de la legislatura.

“El presidente municipal ha dicho, primero, que se dejan en garantía de pago las participaciones federales. Segundo, no se destina a actividades productivas públicas, tal como lo establecen las legislaciones federal y estatal; entonces es conveniente que se pueda revisar con mucho detenimiento por parte del Cabildo de Acapulco la legislación, de manera tal que eviten incurrir en irregularidades y en irresponsabilidades que, por cierto, hoy, ya están debidamente tipificadas”, advirtió.

El secretario de Finanzas también señaló que la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios establece que cuando los empréstitos se traten de obligaciones a corto plazo, deberán considerarse por lo menos dos propuestas de instituciones financieras y escoger de entre ellas la mejor opción.

Apreza Patrón dijo que él ha comentado el tema con algunos regidores de Acapulco, quienes le confirmaron que no se les presentaron ofertas de instituciones financieras para el endeudamiento, además de que el propio alcalde Evodio Velázquez mostró desconocimiento del desglose financiero para el pago del ISSSPEG y del Fovissste en una entrevista que concedió a los medios de comunicación.

“Él dijo que no tenía el dato todavía, pero a me llama mucho la atención porque si ustedes acuden a una institución bancaria y le piden todo el desglose en qué van a utilizar el préstamo que están solicitando se los dan. Tratándose de dineros públicos, esto es mucho más estricto”, refirió.

Apreza Patrón también señaló que existen “contradicciones en las declaraciones del alcalde”, porque “primero dijo que era para cubrir deudas emergentes que tenían y ahora señala adicionalmente que es para obras en proceso. Desconozco la verdad”.

En ese sentido dijo que “quien tendría que dar la explicación es el presidente, porque sus declaraciones en lugar de aclarar están generando una mayor confusión y pareciera, por la información que tenemos por los regidores de varios partidos, que no fue suficientemente explicitado y aclarado en la sesión del Cabildo correspondiente”.

Señaló que el gobierno estatal respeta la decisión del Cabildo porteño, pero llamó a los ediles “a revisar y cumplir la ley”, pues advirtió que “hoy las nuevas disposiciones financieras de entidades federativas y municipios establecen con mucha claridad (…) un capítulo específico de sanciones, que dice que se hacen responsables de sanciones administrativas, penales y resarcitorias”.

El titular de la Sefina también fue cuestionado sobre el pago de aguinaldo de este año a los trabajadores, a lo que respondió que hacen falta “más de mil millones de pesos” para cubrir con esta prestación.

“Estamos en negociaciones con la Secretaría de Hacienda, estamos construyendo un modelo financiero que esperamos que tenga éxito, además de que en estos meses últimos, vamos a hacer un proceso de juntar un mayor número de recursos, de manera tal que los derechos de los trabajadores estén a salvo”, abundó Apreza Patrón.

Por el momento, no están considerando un préstamo, aunque existe “una posibilidad real” de adoptar esta opción y endeudar al estado.

“Es la posibilidad real, lo que sí es cierto es que día con día van apareciendo nuevas sorpresas desagradables financieras heredadas por administraciones pasadas. Por ejemplo, resulta que en el 2013 no se pagó el ISR de la Secretaría de Educación, ni de la Secretaría de Salud y con todo y monto a pagar y multas y recargos, eso suma cantidad de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos. Un segundo elemento es que existe un esquema de credinóminas, el gobierno del estado, en la administración pasada, dejó de pagar más de 3 mil millones de pesos”, lamentó Apreza.

Reconoció que el gobierno de Héctor Astudillo enfrenta “un gran reto en materia financiera”, por lo que se vieron en la necesidad de impulsar un programa de austeridad y otro de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Presumió que durante el actual gobierno la deuda pública financiera ha bajado más de 200 millones de pesos y no se ha concretado una nueva deuda pública, en tanto que los pasivos emergentes disminuyeron en 600 millones de pesos.