Alondra García
A un año de las elecciones para gobernador, ayuntamientos y diputados locales y federales, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una “investigación diligente” en torno a los hechos que enmarcaron la jornada electoral del 7 de junio de 2015, en la que el joven Antonio Vivar Díaz fue asesinado por la Policía Federal.
Vía comunicado, diferentes organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos manifestaron su preocupación ante la falta de esclarecimiento de esa ejecución y de varias detenciones arbitrarias en las que se documentaron “tratos crueles e inhumanos”.
Recordaron que el asesinato de Antonio Vivar ocurrió durante una jornada electoral “marcada por la violencia, la militarización y la falta de diálogo, entre el 1 y 7 de junio del 2015”.
Destacaron que durante esos días “se registró una serie de hechos violentos y violatorios de derechos humanos, a la par de un registro en el aumento de fuerzas de seguridad pública y castrenses que tenían como objetivo resguardar los comicios electorales, como respuesta a las distintas expresiones de descontento por el proceso electoral y la situación de polarización en el estado”.
Lamentaron que, tras meses de conflicto social, los grupos opositores no hayan encontrado canales de diálogo con los distintos niveles de gobierno, lo que acrecentó la inconformidad ciudadana, que alcanzó su momento cúspide en la semana del 4 al 7 de junio de 2015.
Detallaron que en esa semana se suscitó una serie de hechos violentos entre elementos de las fuerzas policiales y castrenses junto a grupos de personas armadas vinculadas a partidos políticos, quienes se enfrentaron con integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa de Comonfort.
“Durante todos estos días se documentaron diversas violaciones de derechos humanos, siendo hasta el 7 de junio de 2015, donde estas escalaron a un nivel mayor, destacándose la detención ilegal y arbitraria de al menos 8 personas – incluyendo un menor de edad– violaciones a la integridad personal, uso excesivo de la fuerza y la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, un joven activista de origen nahua que era integrante del Movimiento Popular Guerrerense”, detalla el comunicado.
De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, la ejecución de Antonio Vivar Díaz se dio en contexto de falta de diálogo adecuado y de represión a la organización de pobladores de la Colonia Tepeyac, en Tlapa.
Recordaron varios colonos “fueron arbitrariamente detenidos por ser supuestamente parte del gremio magisterial y del MPG por Policías federales que allanaron a la vez domicilios y oficinas; donde participaron elementos de la Policía Federal y del Ejército, sin que su participación en los hechos haya terminado de esclarecerse a un año de lo ocurrido”.
En ese contexto, las organizaciones denunciaron que la investigación a cargo de la PGR bajo la averiguación previa PGR/GRO/CHI/I/1046/2015, indagatoria en la que se acumulara el expediente MOR/SC/05/365/2015 seguido por el delito de homicidio a nivel local, no ha sido diligente.
Aseguraron que la investigación no ha tenido avances significativos y que se han omitido diligencias de importancia especial, como la participación de la Policía Federal y el Ejército en la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar.
También denunciaron que las autoridades se han negado a integrar en el expediente los resultados de la investigación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre este caso.
Además, euro barón que en febrero de 2016 la PGR envió la investigación a reserva, bajo el argumento de que no existían elementos para continuar integrando y por ende era factible enviar el expediente al archivo temporal.
“Es de nuestro conocimiento que dicha determinación no fue hecha del conocimiento de los familiares del joven Vivar Díaz, vulnerándose sus derechos como víctimas y que solo fue revertida por la acción legal de la coaduyvancia, que encabeza la organización local de derechos humanos Tlachinollan”, señalaron.
Lo anterior, dijeron, “demuestra la endeble actitud de la Procuraduría General de la República ante graves violaciones a derechos humanos y sobre todo ante el esclarecimiento de los hechos del 7 de junio de 2015”.
Por ello, urgieron a la PGR a iniciar “una verdadera investigación diligente por todos los hechos relevantes e identificar la responsabilidad de los elementos de las fuerzas federales”.
Asimismo, urgieron a la CNDH emitir a la brevedad la recomendación respectiva por la queja abierta por los hechos del 7 de junio de 2015, incluyendo todos los hechos relacionados a la ejecución de Antonio Vivar, así como actos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y las detenciones arbitrarias ocurridas.
Entre las organizaciones que firmaron el posicionamiento se encuentran Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH); Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Casa del Migrante de Saltillo; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A.C. (CDHZL), entre otros.
También la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas ,conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.