* Sólo les imputaron el delito de ataques a las vías generales de comunicación

 

SALVADOR BELLO

 

Los 71 detenidos durante el desalojo en la Autopista del Sol, el pasado 28 de abril, salieron libres y fueron recibidos por sus familiares en la madrugada de este sábado 7 de mayo, después de pagar una fianza que les fijó un juez federal, luego de que se les dictó auto de formal prisión por el delito de ataque a las vías generales de comunicación.

Sin embargo, a los 71 detenidos se les dictó auto de libertad por los delitos de motín, terrorismo, resistencia de particulares, delitos contra funcionarios públicos y daños en propiedad ajena.

Entonces, después de que se cumplió el plazo constitucional de 72 horas que la defensa solicitó como ampliación para el desahogo de pruebas y presentación de testigos, alrededor de la medianoche del viernes los detenidos fueron notificados por el juez correspondiente sobre que alcanzarían la libertad bajo fianza con un pago de 20 mil 589 pesos cada uno, que en total asciende a 1 millón 461 mil 819 pesos.

Conociendo esta situación, desde las 22:00 horas comenzaron a llegar sus familiares y amigos al acceso principal del Centro de Reinserción Social (CERESO) en Chilpancingo, donde los detenidos permanecieron más de una semana mientras se desahogaba el proceso jurídico a que fueron sometidos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los detenidos comenzaron a salir libres en grupos de diez, alrededor de las 1:30 horas de este sábado 7 de mayo, después de depositar la fianza y fueron recibidos por sus familiares estando presente el ombudsman Ramón Navarrete Magdaleno.

En entrevista, el comisario de la comunidad de Campo de Aviación, Arturo López Torres, explicó que entre 80 organizaciones de transportistas y comunidades juntaron el dinero con el que pagaron las fianzas de sus compañeros, por lo que cada una aportó aproximadamente 18 mil pesos para el pago de la fianza de más de un millón 400 mil pesos que se fijó.

Aceptó que recibieron la ayuda de los abogados del Gobierno del Estado y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), e “incluso el ombudsman Ramón Navarrete Magdaleno estuvo todo el tiempo con nosotros”, destacó.

Aclaró que además les pusieron un abogado privado a sus compañeros, para que continúen con su proceso legal, porque que el proceso continúa en contra de los detenidos y sólo salen bajo caución en lo que se determina si formalmente salen libres o todavía tienen algún pendiente con la ley, por lo que tienen que venir a firmar cada 8 días.

Anunció que hasta el momento lo principal para sus organizaciones y comunidades era que sus compañeros detenidos salieran libres y que a partir de ahora también se enfocarán en lo que es conseguir una mesa de negociación para continuar avanzando con sus demandas ante el Gobierno del Estado.